Parto respetado: límites borrosos entre cuidar y vulnerar

¿Qué imaginamos al escuchar sobre parto respetado? ¿Tener hijos en casa o en una pileta? ¿Prescindir de controles y seguimiento médico? “En realidad no es algo que se relacione exclusivamente con prácticas no convencionales durante el embarazo y nacimiento, sino con la garantía y el amparo de los derechos de los únicos protagonistas de ese momento: la madre y su bebé. Una cesárea solicitada por una mujer informada y con pleno conocimiento de lo que significa el procedimiento y sus consecuencias, también puede ser un parto respetado”, responde Belén Castrillo, becaria del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP).

Su interés en el tema nació a la par de su primera sobrina, luego de que su hermana fuera sometida a una cesárea bajo una anestesia total que los profesionales le aplicaron como castigo por estar nerviosa durante el trabajo de parto. Luego de tan traumática experiencia familiar, Castrillo direccionó su tesis doctoral a la atención médica de embarazos y alumbramientos en el marco de dos leyes argentinas que son de avanzada en el mundo: la de Parto Humanizado (25.929), que enumera los derechos de los padres y el recién nacido, y la de Protección Integral a las Mujeres (26.485), que describe a la violencia obstétrica como una de sus formas, precisamente cuando se vulneran aquellos derechos enunciados en la primera.

Desde allí, indagó en la heterogeneidad de ámbitos y modelos de atención, sobre los que se distinguen dos paradigmas: el hegemónico, que da un lugar preponderante a las intervenciones invasivas y a la medicalización del evento; y el humanizado, surgido en los últimos años de la mano de los movimientos feministas, que brega por el respeto a los tiempos fisiológicos naturales del cuerpo de la mujer y evitar prácticas que no sean estrictamente necesarias.

A través de entrevistas en profundidad a obstetras, pediatras, neonatólogas y parteras, y a parejas que tuvieron hijos en hospitales públicos, clínicas privadas y domicilios, Castrillo fue explorando este incipiente campo de estudios y se focalizó en el límite entre ambos modelos de atención. “Lo que define a uno y otro son las intervenciones médicas que se llevan adelante y cómo se interpretan en cada caso”, explica la becaria, y continúa: “Éstas pueden ser prácticas, por ejemplo una cesárea o una episiotomía, que es un corte quirúrgico en la pared vaginal para evitar un desgarro en la salida del bebé; o simbólicas, como no permitir a la parturienta estar acompañada por otra persona. Lo que observo es que cualquiera de ellas puede ser intervencionista o humanizada dependiendo de lo que hayan significado para las personas que las vivieron”.

“Durante mi análisis –señala Castrillo– tuve que volver una y otra vez al concepto de violencia obstétrica y descubrí que, si yo me hubiese propuesto buscar casos concretos, jamás los habría encontrado porque ninguna de mis entrevistadas se reconoce como víctima”. Sin embargo, al cruzar sus testimonios con la definición objetiva que aporta la norma, la becaria comprobó que muchas experiencias sí califican dentro de esa modalidad. “Lo que pasa es que, básicamente, la mayoría de las personas no conoce sus derechos, y la violencia está precisamente en vulnerar esos derechos que no se conocen. Creo que en ese sentido el tiempo legal llegó antes que el subjetivo porque todavía nos cuesta apropiarnos de ciertas representaciones”, relata.

Además del trato deshumanizado, como por ejemplo frases del estilo ‘si te gustó hacerlo, ahora bancátela’ y que pueden ser fáciles de identificar, la definición de violencia obstétrica que figura en la ley también incluye “el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”, que en otras palabras consiste en considerar y tratar al evento como si fuera una enfermedad, algo mucho más difícil de etiquetar de “violento”.

“El parto es un hecho sexual que está atado a procesos hormonales y fisiológicos. Hace 200 años la hegemonía médica lo construyó como un evento médico, lo cual implicó dos cosas: que se hospitalizara y que se profesionalizara, reemplazando a las parteras por médicos. De esta manera, nos encontramos con transformaciones como la obligación de parir acostadas sólo para la comodidad del obstetra y que es como intentar defecar en esa posición: totalmente antinatural, por lo tanto, es violencia”, señala.

Además de la posibilidad de elegir la posición, otros puntos básicos que también enumera la ley 25.929 son el de estar acompañadas por otra persona tanto en caso de parto normal como cesárea, no ser separadas del bebé al nacer, no sufrir prácticas de rutina innecesarias como la colocación de una vía intravenosa por si acaso haya que pasar medicación. La vulneración de cualquiera de ellos es considerada violencia obstétrica pero, claro, para reconocer haberla sufrido antes hay que conocerlos, y esto lleva al que quizá sea el más importante de los derechos enlistados: el de acceso a la información.

“Los profesionales no son los malos de la película; esto tiene que ver con la formación que reciben. Por supuesto que están convencidos de que sus intervenciones son completamente necesarias, de ningún modo considero que actúen de mala fe. Pero están entrenados en todo lo que puede salir mal en lugar de adoptar un lugar de espectador atento a que el proceso se desate solo”, apunta Castrillo. Sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que entre el 85 y el 90 por ciento de los partos son de bajo riesgo, y en 2017 emitió una serie de recomendaciones entre las que califica a las cesáreas, episiotomías e inducciones como prácticas desaconsejadas que en ninguna comunidad deberían sobrepasar el 10 o 15 por ciento de los casos.

La Semana Mundial del Parto Respetado se celebra  cada mayo desde 2004 por iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR, por sus siglas en francés). Este año la fecha se ubica del 13 al 19 y el lema es “El poder de parir está en vos”. “Los tópicos se discuten regionalmente y la frase ha traído cierta controversia en Latinoamérica: si bien se puede interpretar en cuanto a lo físico, es decir realzando la capacidad del cuerpo femenino para gestar y dar a luz sin ayuda, existen muchos otros factores que no dependen de la voluntad  de la persona”, explica Castrillo en alusión a la realidad de la salud pública.

“En la ciudad tenemos cuatro maternidades y todas son hospital-escuela, quiere decir que los profesionales están aprendiendo con los cuerpos de las mujeres. La ley dice que pueden negarse a esas prácticas pero, ¿cómo podrían hacerlo si es su única posibilidad de atención?”, reflexiona la profesional al tiempo que recuerda a una entrevistada que llegó a recibir tacto por parte de diez residentes que estaban en la sala, y a las médicas que reconocieron realizarle episiotomía al 90 por ciento de las primerizas para que los juveniles practiquen la sutura.

Castrillo, que durante su tesis impulsó diversas actividades de difusión e intervención social, planea ahora rumbear su investigación hacia la formación profesional de los médicos, “ya que es fundamental atender esa instancia como parte de la garantía del Estado de las políticas que discursivamente lleva adelante, así como incluir el tema en los contenidos de la Educación Sexual Integrada”, remarca.

Por Mercedes Benialgo

Sobre investigación:

Belén Castrillo. Becaria doctoral. IdIHCS.