Lo que el crimen no se llevó: el legado de Micaela para un Estado con perspectiva de género

Algunas quieren celebrar; las más prefieren conmemorar y reivindicar. Hace años que los bombones y las flores son mirados con recelo, y el “feliz día” dejó de ser el saludo esperado. El Día Internacional de la Mujer fue proclamado en 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como corolario de décadas de reclamos y manifestaciones, algunos muy trágicos, de mujeres de todo el mundo que alzaban la voz para pedir por mejores condiciones laborales, derecho al voto y decir basta a la discriminación. Este 8 de marzo de 2020 encuentra a la igualdad de género como la consigna abanderada de la fecha, y tras sus filas se ubican todas aquellas que quieren –ni más ni menos– participar de la sociedad en la misma medida que los varones.

Dado que la violencia contra la mujer es la manifestación más extrema de las desigualdades entre los sexos, constituye hoy uno de los principales focos de la lucha. En este contexto, el Estado argentino aborda su prevención y erradicación de la mano de una valiosa medida que busca poner a sus funcionarios y trabajadores en pie de guerra contra este flagelo social y cultural: la denominada Ley Micaela (27.499), de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bautizada en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años asesinada en 2016 por un hombre que tenía antecedentes de violación, la norma entró en vigencia en 2018 y establece que cada organismo público deberá diseñar sus propios materiales y contenidos e instar a sus integrantes a que cumplan con la instrucción.

“El espíritu fundamental de la Ley Micaela es eliminar las fórmulas patriarcales del aparato estatal. Sabemos con contundencia que hay una instalación energúmena de valores, actitudes, conductas y mentalidades machistas que deben ser eliminadas, por eso su cumplimiento es inexorable para todos los agentes que se desempeñan en ese ámbito”, señala Dora Barrancos, destacada socióloga e historiadora feminista recientemente nombrada asesora presidencial, investigadora ad honorem del CONICET y miembro de su directorio hasta 2019. Aunque reconoce los avances y manifestaciones en materia de género que se vienen dando en las universidades y otros espacios públicos, como los protocolos contra la violencia o la exigencia de cupos femeninos, opina que “el compromiso asumido nos obliga a continuar sin pausa, y para ello se requiere un trabajo y una capacitación permanentes y sostenidos”.

Coincide con este punto Gloria Chicote, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP) y directora electa por el período 2020-2022 del Centro Científico Tecnológico CCT CONICET La Plata, quien argumenta que “todo lo que sea concientizar y revertir las situaciones de violencia de género contra las diversidades y en particular el universo femenino debe ser el eje de la política, no de un gobierno, sino del Estado”. La académica plantea la necesidad de ampliar el alcance, los espacios y lugares en que estas instancias de formación se llevan a cabo y, a días de comenzar su gestión al frente del organismo de ciencia local, anuncia el lanzamiento de una capacitación exclusiva en su para el primer semestre de este año.

Desde la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad avanzan en el relevamiento y evaluación de la implementación de la Ley Micaela en las distintas entidades públicas bajo tres premisas fundamentales. “En primer lugar, considerando a la norma apenas como una parte de un proceso de formación y revisión permanente por parte del Estado y las personas que se desempeñan en su seno; segundo, bajo un sentido político que nos indica que la capacitación debe ser prioritaria para los decisores y funcionarios, y una vez que estos la hayan cumplimentado, continuar hacia el resto de los niveles jerárquicos. Por último, la idea de medir el impacto de los cursos en tanto impulsores de transformaciones concretas en la praxis estatal”, según esgrimen sus voceros.

Precisamente desde un lugar de decisión se expresa Pilar Peral García, investigadora del CONICET en el Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando Noel Dulout” (IGEVET, CONICET-UNLP) y directora saliente del CCT La Plata, quien calificó a la Ley Micaela como “una oportunidad única de formar parte de una transformación cultural que afortunadamente no tiene marcha atrás”. La obligatoriedad, añade, hace que todos los integrantes del Estado “nos informemos y revisemos qué entendemos por género, cuántos tipos de violencia existen, cuáles identificamos como tal”. A su modo de ver, se trata de una herramienta que aporta “conocimiento y reconocimiento de situaciones estandarizando un lenguaje que para muchos es desconocido, y una actualización que contribuye a desnaturalizar el conjunto de estereotipos y roles que ocupan las personas en la sociedad según su género”.

Barrancos, que participó de la elaboración de la ley, se refiere a esto como una “segunda condición de ciudadanía” para el género femenino, en tanto “relato pasmoso y reiterado de que las mujeres están hechas para determinadas formulaciones, que son extraordinarias y un cultivo fundamental para la humanidad, pero evidentemente incapaz de significar reconocimiento de igualdad con los varones”. Para Peral García, las capacitaciones brindan un marco conceptual para la concepción de propuestas antidiscriminatorias, “sincerándonos frente a la sociedad y permitiéndonos participar en actividades vislumbrando y subsanando cualquier tipo de desigualdad existente o futura”. A su tiempo, Chicote destaca a la legislación nacional como “pionera” y celebra como “una buena señal” el encuentro de enero en que el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete cumplieron debidamente con la formación.

Estereotipos en la práctica judicial

El accionar del Estado en materia de género  –particularmente en lo que hace a la práctica jurídica– es el tema de estudio de María Sol Calandria, becaria del CONICET en el IdIHCS que acaba de ganar el XXX Premio Internacional de Investigación Victoria Kent otorgado por la Universidad de Málaga, España. El trabajo que le valió el importante reconocimiento es su tesis doctoral, en la que analiza los infanticidios cometidos por mujeres de la provincia de Buenos Aires entre 1886 y 1921, una figura penal que en ese período estimaba una reducción considerable de la pena para aquellas que lo hubieran cometido para ocultar la deshonra de ser solteras o cursar un embarazo producto de una relación ilegítima.

“Me impresiona haber leído sentencias de esa época con argumentos que todavía hoy se escuchan, especialmente en lo que hace a los estereotipos de la maternidad y las tareas inherentes a ese rol. Actualmente el infanticidio no es una figura del código penal, pero creo necesario repensar cuáles son las circunstancias que llevan a una joven a no querer ser madre al punto tal de tomar la decisión de matar al recién nacido”, relata Calandria. El 95 por ciento de los casos de prisioneras por ese delito que la becaria analizó correspondían a trabajadoras domésticas en las que ese hijo era fruto de una relación con sus patrones, quienes evidentemente no se hacían cargo de la situación. Para ellas, tener el bebé podía significar perder la fuente laboral y romper los vínculos con su familia. “Las violencias a las que estamos sometidas las mujeres son muchas, y la maternidad como una obligación es una de ellas. La Ley Micaela viene a poner los distintos tipos sobre la mesa”, reflexiona.

Los estereotipos de la mujer de los que habla Calandria subyacen en el imaginario de los agentes judiciales y operan al momento de abordar un caso de infanticidio, de juzgar a la acusada y de decidir su condena, pero lo mismo –asegura– sucede en los otros poderes del Estado, y por eso considera a la formación que promueve la ley como “fundamental en el ejercicio de la estatidad”. Además de la necesidad de adoptar perspectiva de género al momento de elaborar leyes y políticas públicas, la becaria destaca la importancia de que los funcionarios de la administración pública “se pongan los lentes violetas, como decimos las feministas, y miren hacia adentro de sus ámbitos de trabajo para observar y prestar atención a cuestiones como quiénes ascienden y quiénes no, cómo son las dinámicas de los grupos, y qué tipos de micromachismos se pueden detectar”.

Por Mercedes Benialgo