Científicos del CONICET aportaron recomendaciones técnicas a la ACUMAR

A poco de haberse firmado un convenio de asistencia técnica entre el CONICET –a través de las gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Vinculación Tecnológica– y el Ministerio Público Fiscal en torno al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, los científicos involucrados acaban de presentar el primer informe con una serie de recomendaciones en materia de remediación ambiental de acuerdo a lo solicitado por el órgano judicial.

El documento, de más de 80 páginas, es el resultado de varios meses de trabajo conjunto de dos de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) del CONICET: la de Investigaciones en Derechos Humanos y la de Estudios Ambientales de la Provincia de Buenos Aires (REAB). En él, se enlistan pautas precisas para actualizar y optimizar el sistema de indicadores ambientales por el que se rige la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente creado en 2006 para abordar el saneamiento del degradado espacio natural.

La entrega del informe tuvo lugar en la sede de la Procuración General de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encabezada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, al tiempo que la exposición del contenido estuvo a cargo de los propios investigadores del CONICET que coordinaron las tareas técnicas. Participaron además el gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, Jorge Tezón, y la directora de Convenios y Proyectos del organismo, acompañados por la titular del Centro Científico Tecnológico CCT CONICET La Plata Pilar Peral García.

“Nuestro trabajo consistió en revisar una serie de índices establecidos por la ACUMAR en cuanto a diversas cuestiones que hacen a las condiciones generales de la vida, entre ellas ordenamiento territorial, calidad de aire y de agua tanto superficial como subterránea, desarrollo humano, población expuesta a contaminantes, basurales y acceso a la información”, cuenta Jorge Sambeth, investigador del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge J. Ronco” (CINDECA, CONICET-UNLP-CICPBA) y coordinador de la REAB.

También referente de la Red de Estudios Ambientales La Plata (REALP) –una estructura nacida en 2013 en el ámbito del CONICET La Plata como foro de información y discusión entre investigadores y grupos de trabajo multidisciplinarios, y que a su vez integra la REAB– Sambeth explica que este trabajo concreto se realizó durante la primera mitad del año con la participación de numerosos especialistas abocados al análisis de los parámetros utilizados para medir la presencia de distintas sustancias y vertidos en el agua, entre otras cuestiones, y evaluar si era conveniente modificar los límites máximos aceptados o dejarlos como están.

“En algunos casos consideramos que había índices que podían unificarse para arrojar información más precisa, y en otros recomendamos complementar con estudios más profundos. También hicimos una revisión a la luz de las leyes nacionales y provinciales para tratar de adecuar los criterios utilizando como referencia las normativas más estrictas que rigen actualmente”, agrega el especialista acerca del trabajo que involucró aspectos no sólo de química y toxicología, sino también de antropología y salud humana.

Por su parte, bajo la coordinación de Laura Pautassi, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. A. Gioja” de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la red de DDHH se encargó de enlazar y ajustar toda esa información con la normativa internacional que rige en materia de derechos económicos, sociales y culturales, específicamente el Protocolo de San Salvador, firmado en 1988 en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que incluye el de vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos.