Ciencia local sobre contaminación del aire: insumo para debates jurídicos, educación y decisiones políticas

La reciente difusión de un informe de la organización internacional Climate Trace sobre la contaminación atmosférica a nivel global profundizó la siempre vigente preocupación por la calidad del aire en la región del Gran La Plata. Y es que los datos reportados señalan a La Plata, Berisso y Ensenada como un foco importante de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el país, poniendo especial énfasis en el Polo Petroquímico emplazado entre las tres localidades, pero también mencionado al aumento del parque automotor y al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Con vasta trayectoria en investigación científica en la materia, desde el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) se suman a estas repercusiones con una mirada local y datos concretos y verificables para dar contexto a la información circulante.

“Muchos de los datos difundidos por el informe se corresponden con resultados que hemos obtenido en distintos estudios de contaminación del aire”, señala Andrés Porta, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) y director del CIM, subrayando que se trata de información precisa surgida del trabajo de campo que permite identificar efectivamente las fuentes de emisión de contaminante según sus distintos tipos, y que sirve para complementar las detecciones mediante monitoreos satelitales como los que realiza la organización internacional citada al comienzo. Cabe mencionar que el CIM lleva adelante investigaciones sobre el tema desde hace 25 años y que actualmente mantiene varios proyectos en colaboración con otros grupos de San Martín, Tandil y Córdoba, por mencionar solo algunos.

Como primera aclaración, Porta habla de la necesidad de distinguir los distintos compuestos según su condición. “Por un lado, están los llamados contaminantes ‘criterio’, que son seis agentes comunes cuyos niveles se controlan porque pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente; y por el otro están los GEI, componentes naturales que se acumulan en la atmósfera terrestre y que, cuando sus cantidades aumentan por efecto de las actividades humanas, contribuyen aún más al calentamiento global”. Dentro de los primeros se encuentran el ozono, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el material particulado (MP) y el plomo; mientras que el segundo grupo incluye al metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, entre otros. “No son lo mismo y no deben confundirse: algunos de los GEI ni siquiera son tóxicos”, apunta el científico.

Respecto a las tres principales fuentes de contaminación que menciona el informe para el Gran La Plata, Porta dice que todas ellas contribuyen al efecto invernadero, principalmente la gestión de residuos urbanos dado que produce metano, aunque en el caso del dióxido de carbono los mayores emisores son precisamente el parque industrial y el tránsito vehicular, en ciudades donde la cantidad de vehículos –especialmente motos– viene experimentando un sostenido crecimiento. “Desde la perspectiva de compuestos perjudiciales para la salud, sin duda estas dos últimas actividades encabezan la lista, y además son las más complicadas de revertir o vigilar”, continúa Porta, y añade que “las emisiones vehiculares, en concreto, no están supervisadas por ninguna agencia, a excepción de la exigencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que, de todos modos, no las controla de manera eficiente”.

Pero no todo el panorama es negro; también hay espacio para buenas noticias. “En el caso de las fuentes industriales, luego de una persistente acción de la Dirección de Evaluación Ambiental de Calidad del Aire y Gestión de Emisiones del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se ha logrado cumplir con los límites permitidos para MP10, que son los aerosoles menores a 10 micrones, es decir los inhalables”, explica el especialista. Donde persisten problemas –continúa– es con los aerosoles más gruesos o MP sedimentable, que se depositan rápidamente pero no ingresan al sistema respiratorio, y con los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), presentes en productos cotidianos como pintura, combustibles y elementos de limpieza, pero aun así “se ha avanzado mucho y se sigue trabajando para controlarlos bajo una clara política de gestión”, según sus palabras.

En esta línea, Porta indica que también recientemente se ha comenzado a controlar el MP inferior a 2,5 micrones y, aunque se dispone de pocos datos, los que hay ya muestran indicios de disminución. “En los últimos años, a través de distintas investigaciones hemos avanzado en la caracterización química del MP respecto a metales e hidrocarburos policíclicos (HAP), compuestos orgánicos producto de la combustión incompleta que están clasificados como mutagénicos y cancerígenos”, relata el experto, quien asimismo ha participado de la realización de espirometrías –estudio funcional respiratorio que mide la capacidad pulmonar y el flujo de aire al inhalar y exhalar– a niños y niñas de la región, en un análisis que evidenció mejoras en la población de Ensenada luego de modificaciones implementadas en la refinería.

Del mismo modo, otros estudios en el CIM lograron modelar las emisiones de fuentes fijas y la distribución de los contaminantes, ubicando los puntos geográficos de mayor impacto en la región. “Todos los datos obtenidos han servido como insumo en distintas demandas judiciales, y actualmente estamos colaborando con las empresas del Puerto La Plata para reducir sus emisiones y, al mismo tiempo, optimizar sus mediciones”, explica Porta. ¿Y qué sucede en materia de normativa en cuanto a los límites permitidos de cada compuesto? “Si bien se cumple con la legislación provincial y nacional, todavía se superan los niveles considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que de todos modos no son normas sino recomendaciones”, responde el científico.

Cabe recordar que hace poco más de una década, mediante una mesa de discusión formada por el sector productivo, profesionales, universidades, municipios y ONGs convocada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se había logrado avanzar en la provincia con la actualización del decreto reglamentario de la Ley de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y Atmósfera (Ley N° 5.965), que se ubicaba a la altura de las recomendaciones internacionales. Aunque luego el proceso se interrumpió y solo fueron introducidos algunos cambios, “hay que decir que a nivel nacional sigue siendo la legislación más actualizada, y en el presente el gobierno ha incorporado nuevo equipamiento y personal para realizar controles y auditorías, con lo cual está en vías de continuar modernizándose”, concluye.